Acuerdos Interinstitucionales

Disposiciones Legales

Sobre el proceso que ha de seguir un municipio para el registro de un acuerdo interinstitucional.

La Ley sobre la Celebración de Tratados (LCT), en su Artículo 2°, define el acuerdo interinstitucional como el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

Señala que el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben, así como de la Fiscalía General de la República.

El proceso para el registro de un acuerdo interinstitucional es explicado en el Artículo 7° de la LCT:

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y la Fiscalía General de la República, deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.

Como se puede observar, se trata de un proceso muy sencillo, que consta de los siguientes tres puntos:

 

  1. Las dependencias u organismos descentralizados de los gobiernos locales deben dar aviso a la SRE cuando pretendan suscribir un acuerdo interinstitucional, y lo hacen mediante el envío del texto negociado entre las partes.
  2. La SRE revisa y emite sus observaciones, que constituyen el dictamen de procedencia.
  3. El gobierno local vuelve a negociar con su contraparte lo observado por la Consultoría Jurídica, de ser el caso, pudiendo proceder a la firma en caso de así convenirlo las Partes, enviándo copia del acuerdo firmado a la SRE para su registro.

 

El proceso de negociación puede incluir que el documento sea revisado por la SRE en más de una ocasión, y las veces que sea necesario. Dicha revisión tiene por objeto cuidar que los compromisos establecidos se enmarquen en la práctica del derecho internacional público.

Se recomienda a los gobiernos asesorarse a través de la Dirección General de Coordinación Política, que tiene la función de brindar acompañamiento para una internacionalización que brinde mejores resultados y beneficie a los ciudadanos.

Las áreas de la SRE, como la Consultoría Jurídica y las Representaciones en el Exterior (Embajadas y Consulados), tienen siempre la mejor disposición en coadyuvar con la DGCP en el apoyo que se brinda a los gobiernos locales.